Nuestro Equipo de Abogados

Un despacho pequeño y especializado. Los desahucios y el derecho inmobiliario no son una materia más de la casa: son a lo que nos dedicamos.

Juan Mercé LLonch

Abogado y Administrador Concursal

Colegiado nº 27.714 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

Dirige los procedimientos de desahucio del despacho: impago de alquiler, finalización de contrato, precario y la vertiente civil de la okupación, además de los desahucios complejos (obras inconsentidas, cesión o subarriendo). Se ocupa del estudio del contrato, del requerimiento previo y de la estrategia procesal desde el primer impago.

Más de 25 años de ejercicio forjados en Barcelona, una de las plazas más litigiosas del país, con más de 200 desahucios tramitados por todo el territorio nacional (Madrid, Cataluña y la zona norte) y alrededor de 50 casos de okupación. Es también Máster en Administración Concursal, formación que pesa cuando el arrendatario que no paga arrastra además una insolvencia de fondo.

Es el socio director del despacho de Bilbao, donde tiene su residencia permanente, y es quien asesora a los clientes y lleva personalmente la dirección letrada de los juicios civiles de desahucio.

Sergio Racionero Domínguez

Abogado penal e inmobiliario

Colegiado nº 22.966 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

Ejerce en derecho penal e inmobiliario y tiene su base en Barcelona. Es la materia que entra en juego cuando una okupación se plantea por la vía penal, con figuras como el allanamiento de morada (art. 202 CP) o la usurpación (art. 245 CP). La calificación de cada caso se decide tras estudiarlo, nunca de antemano.

Cómo repartimos el trabajo

La mayoría de los asuntos son civiles: un desahucio por impago con reclamación de las rentas, o un precario por una vivienda cedida sin contrato. Ahí el trabajo es de contrato, requerimiento y demanda.

Cuando aparece una okupación, la primera decisión no es penal o civil. Es si iniciar una negociación, ejercer acciones legales mediante requerimiento por burofax, o ambas cosas en paralelo, que es lo más recomendable aunque incremente el coste. Solo después se decide si el caso va por la vía penal, por la civil o por ambas. Esa valoración la hacemos con los datos concretos delante: si la vivienda es morada habitada, cómo se produjo la entrada, si se están produciendo molestias o cometiendo ilícitos en el inmueble o en las zonas comunes, y qué pruebas hay.

Detrás de cada asunto hay más manos que las que firman: gracias a los administrativos, paralegales y pasantes que nos ayudan y nos han ayudado a sacar adelante el trabajo del despacho.

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